Por: Marshall Kirby, Public Policy Analyst

Con  la colaboración de Justin Velez-Hagan, National Executive Director

Traducido por: Julia Cortazar

23 de noviembre de 2010, Washington, D.C. – Puerto Rico ha sido fuertemente afectada por la crisis económica mundial.  En la actualidad, la cifra oficial de desempleo trepa a una tasa del 17%, la cual no incluye a los subempleados y a quienes han dejado de buscar empleo. Al mismo tiempo, hay escasez de mano de obra en el sector agrícola. Desde la semana pasada en Puerto Rico se está discutiendo el Proyecto de Ley 1038, el cual permitirá la importación, de manera temporaria, de mano de obra extranjera para la cosecha del grano de café y otras cosechas. (Para mayor información sobre este tema haga clic aquí)

Existen dos cuestiones importantes en juego –la primera desde la perspectiva empresarial y económica– los cultivos y las tierras sembradas necesitan ser cosechadas. Cada año, hay una caída en la producción por la falta de trabajo físico en las cosechas. Esto lleva a una ineficiencia en la producción y, eventualmente, podría causar que la isla pierda competitividad en la producción de café y otros productos agrícolas. La segunda cuestión es que hay ineficiencia en el mercado laboral si hay un acceso de mano de obra (el 17% de tasa de desempleo lo muestra claramente) y los puertorriqueños son renuentes a trabajar en el sector rural. No es un fenómeno nuevo: lo hemos visto durante mucho tiempo en los 48 estados.  La macroeconomía nos enseña que una economía  nunca tendrá una tasa de desempleo del 0%, debido a factores estacionales y estructurales, entre otros.

Esta misma situación la hemos visto en otros países. En Costa Rica, miles de trabajadores migraron desde Honduras para trabajar en las haciendas. Aun teniendo en cuenta que muchos de los desempleados están incapacitados físicamente para hacer esta tarea, y aquellos por cuyo nivel educativo están sobre calificados para desarrollar estas tareas- la política diseñada para importar trabajadores parece evidenciar que los políticos están más interesados en soluciones rápidas que buscando una solución de fondo a este problema.

Es importante reconsiderar las políticas que desmotivan la participación del sector más bajo de la fuerza laboral. La transferencia de pagos (por ejemplo, programas de bienestar) y los beneficios para los desempleados han sido incrementados dramáticamente desde el comienzo de la recesión y podrían ser atribuidos a la situación económica. A partir de 2006, cerca del 20% de los ingresos de los isleños son por pagos por transferencias[i]. El mismo año, uno de cada seis hombres (en edad laboral) recibió beneficios por incapacidad.  Combinando estos hechos con el record de los beneficios por desempleo, los puertorriqueños podrían haber sido desincentivados a trabajar por bajos salarios.

Lo que la sociedad civil y los gobernantes deberían estar hacienda para motivar a los puertorriqueños calificados para desarrollar esos trabajos (alguno de los cuales recibirían un salario, muy decente, de $125 dólares diarios) es asegurarse de que este tipo de empleos sea bien divulgados y tal vez establecer un programa de transporte para aquellos que viven alejados de las haciendas y lo que les impide acceder a esos trabajos. De este modo, los campos se cosecharan completamente y más puertorriqueños podrán conseguir trabajo.


[i] “Trouble on Welfare Island.”  The Economist.  Mayo 2006.

 

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